Esta vez destacamos
las letras del Maestro, Abogado, Escritor, uno de los intelectuales más
recordados de Panamá, el profesor Carlos Ivan Zuñiga (1926 – 2008) que en uno
de sus escritos semanales en el diario La Prensa de Panamá, tituló la corrupción
en Panamá: La corrupción, Balboa y
Leoncico.
Invito a que lean a
quien fue mi profesor de Derecho Penal en la Universidad de Panamá.
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LA PRENSA
Panamá, 16 de marzo de 2002
Panamá, 16 de marzo de 2002
La corrupción, Balboa
y Leoncico
Carlos Iván Zúñiga Guardia
La Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción ha recomendado,
como es sabido, 50 medidas destinadas a fortalecer una cruzada en bien del adecentamiento.
Algunas de estas soluciones requieren nuevos textos constitucionales; otras
necesitan reformas legales y la mayoría depende, para su ejecución, de la
voluntad política del Gobierno nacional.
Las recomendaciones han recibido apoyo
de numerosos sectores y la crítica ha procedido de algunas personas para las
cuales lo único bueno es lo que emana de su propio protagonismo. Estos son como
los perros rabiosos del hortelano. Desde luego, otros seres sensatos han sido
positivos y han enriquecido el arsenal de ideas para combatir la corrupción.
Los medios periodísticos en su gran
mayoría han saludado con esperanzas las recomendaciones. Los sectores
políticos, enfrascados en el escándalo legislativo, han reaccionado muy
tibiamente. Algunos funcionarios de alta jerarquía han rechazado públicamente
algunas sugerencias. Otras personas vinculadas a la oposición se han sentido
frustradas, tal vez porque tenían la creencia de que la comisión poseía
competencia para conocer casos hoy en manos del Ministerio Público, y han
calificado el pliego de ingenuo, destinado a no molestar a la presidenta
Moscoso.
Un aspecto positivo se encuentra en el
interés que despertó en la comunidad el conjunto de las recomendaciones. Para
la comisión, el papel de los medios ha sido realmente encomiable. Es evidente
que a partir de la presentación del pliego a la presidenta de la República, se
ha abierto un paréntesis de reflexión y espera. La reflexión sobre el contenido
del documento contribuirá a tomar conciencia sobre el flagelo de la corrupción,
y su incidencia en algunos estamentos y personas. El compás de espera se abre
para recibir y valorar las decisiones de la presidenta Moscoso.
En el campo de las reflexiones, las
recomendaciones abren un amplio abanico de temas controvertidos. Se podría
meditar y polemizar sobre el alcance del concepto corrupción. Para la comisión,
como se ve en la carta a la presidenta, el privilegio es una forma de
corrupción, y si el privilegio surge de la ley, estaríamos en presencia de una
corrupción institucionalizada. Todo trato preferencial constituye un
privilegio. Por eso en el texto se pide la eliminación de algunos privilegios,
por constituir fuente de corrupción. Todo trato singular que excluye la
pluralidad, cae bajo la censura de la comisión. Desde luego, para los
beneficiarios de un privilegio establecido en la ley puede resultar inaudito
que se califique esa lesión al régimen de igualdad como corrupta. La reacción
de los resentidos tan llena de improperios y descalificaciones es explicable.
La comisión ha tenido compasión y comprensión, y por ello no se ha ocupado de
las diatribas.
Un privilegio indiscutible es el que
tiene la Zona Libre de Colón. La comisión recomendó la fijación de algún tipo
de gravamen para ayudar un poco más a la provincia de Colón. La comisión tocó
el tema con prudencia y con guantes de seda. El gravamen, dijo, “debe ser lo
suficientemente razonable como para no perjudicar las operaciones en esa zona”.
A pesar de la ingenuidad de usar un lenguaje fino, patrio, la respuesta de los
pobres afectados fue dada con un mazo: ¡Ignorantes!, dijeron. Es obvio que es
más fácil trasladar un cementerio de un lugar a otro, con toda su carga de
huesos venerados, que erradicar los privilegios.
En otro orden de consideraciones, la
comisión aboga por la eliminación de la contratación directa, dada la mala
percepción que la sociedad tiene de la misma. La Constitución instituye las
licitaciones públicas como conquista del buen manejo de la cosa pública. En su
recomendación 46, la comisión solicitó que se dejaran sin efectos dos
contrataciones directas millonarias autorizadas por el IDAAN y que consecuentemente
se procediera a la celebración de la licitación pública pertinente. La
dirección del IDAAN, como corresponde dentro del espíritu de la Ley de
Transparencia, invitó a la comisión a discutir el caso en una junta directiva
presidida por el ministro de Salud y con la presencia del contralor general.
Del intercambio de informaciones quedó en claro; primero, la diafanidad del
proceso que concluyó en la contratación directa; segundo, la necesidad de
modificar la Ley 56 de 1995, con el fin de depurar los procedimientos que
conlleva toda licitación pública. Los comisionados, desde luego, reiteraron su
preferencia por las licitaciones públicas, sobre todo en un país en donde todo
lo que está por hacerse en el campo social es de urgencia evidente. Tal
realidad haría innecesaria la licitación pública, porque precisamente en la
urgencia evidente descansa la alternativa de la contratación directa.
Es útil precisar que las
recomendaciones no sólo están dirigidas a la presidenta Moscoso. Están
igualmente dirigidas al país. La viabilidad o vitalidad de las mismas no sólo
depende de la voluntad ejecutora de la mandataria. También depende, en plazos
menos abreviados, de la capacidad de autocrítica de la sociedad, la que por
haber generado las causas o concausas de la cultura de la corrupción imperante
debe iniciar un protagonismo de limpieza interior. Es decir, una vez dada la
decisión presidencial, la sociedad en su conjunto debe corresponder con un
comportamiento coadyuvante, espontáneo e íntimo en la cruzada por la decencia
pública y privada.
La
corrupción no nació por generación espontánea en las sociedades. Responde a una
incubación de siglos, y en el ADN de la sangre vieja de la humanidad
encontraremos los tipos que la perennizan. El acerto se corrobora con sólo
pensar que el primer caso de corrupción en Panamá lo protagonizó Vasco Núñez de
Balboa; así lo recordaba el maestro Indalecio Rodríguez al dialogar con la
comisión. Balboa, decía Rodríguez, tenía a su perro Leoncico con una mesada de
muchos maravedíes, porque tenía el olfato de distinguir en los combates al
indio rebelde del indio manso. Pedro Arias Dávila, en sus desórdenes en
perjuicio de la probidad, también merece el título, con mayores hechos de
precursor de la corrupción.
Estos
son los precedentes más remotos que consagran los nombres de los fundadores de
la corrupción nacional.
Es
hora de dar sepultura al Balboa corruptor y a los Leoncicos que aún pululan
bajo el palio de la impunidad en las planillas de la corrupción. ¡Manos a la
obra!
El autor es ex rector
de la Universidad de Panamá
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