Desde
el momento que la Asamblea Legislativa (congreso) de Panamá, aprobó en tiempo
record y sin escuchar la opinión del pueblo, la Ley 406 del 20 de octubre de
2023, el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la empresa
Minera Panamá, S. A., subsidiaria de la transnacional First Quantum Mineral,
todo el país estalló en protestas y rechazo a ese contrato ley y contra el
mismo gobierno de Laurentino Cortizo, por haberse caído de rodillas ante la
empresa minera.
Al
principio, el gobierno buscando culpables del clamor popular, apuntó hacia los
pueblos indígenas y sus líderes de querer desestabilizar el país, sin embargo,
la lucha, estaba claro, era de obreros, campesinos, estudiantes, jóvenes millennials,
mujeres de todas las clases, que desafiaron a los defensores de la minería a
cielo abierto y venta al mejor postor de nuestros recursos naturales.
Por
su parte, el Congreso General Guna, en plena efervescencia patriótica, con las
carreteras, escuelas y algunos comercios cerrados, realizó su Asamblea General
en la comunidad de Dad Naggue Dubbir, Gunayala, con la asistencia de la mayoría
de sus delegados, y una de las primeras resoluciones (Resolución No.003 de 27
de octubre de 2023) del Congreso Guna fue: “Rechazar de manera
enérgica la aprobación de la Ley No. 406 de 20 de octubre de 2023, que atenta
contra los intereses del pueblo panameño y de los pueblos indígenas… Solicitar
al gobierno de turno la derogatoria del Contrato de Concesión minera y a la
Corte Suprema de Justicia su inconstitucionalidad, y que sepan de una vez por
todas que los pueblos indígenas estamos en pie de guerra por la salvaguarda de
nuestra Nabguana, nuestra Madre Tierra.”
El 8
de noviembre, el gobierno convoca una reunión con la Coordinadora Nacional de
Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), con el Ministro de Gobierno y Justicia y
su equipo de trabajo. No hubo agenda, el único punto a tratar era la situación
nacional, relacionado con las manifestaciones públicas que llevaban 15 días y
solicitaban a los dirigentes indígenas en apoyar para apaciguar los ánimos y
mediar con otros dirigentes comarcales para reabrir las carreteras.
La respuesta de las autoridades indígenas fue unánime, No, la lucha contra la minería para nuestros pueblos era un principio, somos los que hemos sido casi exterminados desde hace más de 500 años por los europeos y la minería, esta vez no podían acompañar al gobierno, aunque prometían ratificar el Convenio 169 de la OIT y otras promesas e “inversiones” para las comunidades indígenas.
Luego vino la campaña de desprestigio y burla hacia los pueblos indígenas, por parte de medios de comunicación, por lo cual la COONAPIP, tuvo que acudir el 9 de noviembre ante la Defensoría del Pueblo y presentar la denuncia por racismo y discriminación de esos medios publicitarios.
La COONAPIP se unió a las vigilias y manifestaciones frente a la Corte Suprema de Justicia, así como en las marchas en distintos puntos del país, unidos de manos, con un solo frente de lucha junto a toda Panamá, hasta que finalmente el Pleno de CSJ, el 28 de noviembre, empezando el día, declaró la Inconstitucionalidad de la Ley 406, victoria de todos frente a la minería y gobiernos entregados a las transnacionales. La lucha continua…
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