Después de los violentos sucesos de ayer por parte de la Policía Nacional hacia los hermanos Ngäbes y Buglés, el gobierno nacional en vez demostrar cordura y llamado a la paz, lo que hace es echar más leña al fuego, se anuncia nuevas represiones y arrestos de dirigentes Ngäbes, por una parte el Presidente de la República no da la cara, se esconde de la ciudadanía y sólo manda emisarios, sus testaferros más duros que quieren gobernar por medio de la violencia y el miedo.
En horas tempranas de hoy el Ministro de Seguridad dijo en un canal de televisión que “gobernar es decidir” y no arrepentirse de nada de lo ocurrido, palabras de un prepotente que sólo se siente valiente estando en el poder, y ya ha decidido dos veces, igual que su presidente, mandar a acallar las protestas indígenas a punta de balas y represión, no es casual que este mismo gobierno haya dejado muertos y más de 60 personas Ngäbes ciegas o con un solo ojo en julio de 2010, esta claro, estamos ante un gobierno que ha declarado abiertamente ser enemigo de los indígenas.
Con esta nueva acción brutal demostrada por las fuerzas policiales y la postura adoptada por el gobierno, se violan convenios internacionales y leyes nacionales que protegen los derechos humanos de los ciudadanos, en este caso de los panameños, más específicamente de los Ngäbes.
A pesar de haber estudiado derecho y ciencias políticas, soy un incrédulo de las constituciones políticas, siempre son las más violadas y en la mayoría de esas cartas magnas a lo largo de Abya Yala los indígenas son ignorados.
¿Que vamos a hacer?
Un grupo de abogados indígenas y no indígenas estaremos actuando ante el Ministerio Público para dar asistencia legal a nuestros hermanos, en la ciudad de Panamá, Veraguas y Chiriquí. Sin embargo vale compartir algunas cosas insólitas que estamos viendo con los detenidos de ayer y que atentan contra la ley procesal panameña, por ejemplo más de 50 detenidos (hombres y mujeres y niños ngäbes) han sido enviados a cárceles violentas de la ciudad de Panamá (La Joya y joyita).
En el Código Procesal Penal de Panamá aparece claro que estos detenidos deben ser procesados en la jurisdicción Penal donde ocurrieron los hechos. En el Artículo 29, aparece también que “... La Jurisdicción Penal es irrenunciable e indelegable.”
En el Artículo 32 aparecen las reglas de competencia territorial. En los procesos penales son competentes el Tribunal de Juicio o el Juez de Garantías de la circunscripción territorial donde se haya cometido el hecho por el cual se procede.
Cuando no conste el lugar en que se haya cometido un delito, serán jueces o tribunales competentes, a prevención, en su caso, para conocer el proceso:
…2. El del lugar en que el presunto imputado haya sido aprehendido.
Por otro lado el Artículo 14 del mismo Código establece que: “Las partes en el proceso penal serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los derechos y las garantías que consagran la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y este Código deben considerarse como mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.”
Finalmente, lo irónico es que días antes de ocurrir los hechos, el mismo presidente había llamado la atención a las empresas telefónicas y amenazarlos con multarlos sino arreglaban las señales en cinta costera de la ciudad y, con los Ngäbes ordena a esas mismas empresas a cortar las líneas en el área del levantamiento, lo cual es ilegal e inconstitucional, y lo peor es haber ordenado la suspensión de los servicios básicos.
Estamos en alerta.
